En este Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer recordemos que la violencia no solo son golpes
Título original: Por ellas
El 31 de marzo del 2007, una niña de 13 años no encontró más salida y se lanzó del segundo piso de una casa continua a la suya. Ella enfrentaba un embarazo producto de violaciones sexuales sistemáticas.
La tragedia no terminó ese día: una vez en el hospital, le negaron una operación de emergencia a la columna debido a que se encontraba gestando. Su madre solicitó un aborto terapéutico, legal desde 1924, pero este fue negado en dos oportunidades. Los médicos priorizaron la vida del feto. La negativa privó a L. C. de la posibilidad de volver a caminar.
Imagen: El Comercio
En el año 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU condenó al Estado por negar a L. C. el acceso a un procedimiento eficaz que posibilite el aborto terapéutico y la operación a la columna que requería. Para evitar que otras niñas atraviesen por esta lamentable situación, esta instancia recomendó al Perú:
- aprobar un procedimiento médico que garantice el acceso a un aborto terapéutico y
- despenalizar el aborto por violación.
En junio de 2014, como mecanismo de cumplimiento de la decisión internacional, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Nacional para la interrupción legal del embarazo.
¿Qué ha cambiado del 2007 a la fecha?
Todo parece indicar que no mucho. Lamentablemente, en el Perú cada año cientos de niñas son forzadas a continuar con embarazos producto de violaciones sexuales. Hasta septiembre de 2017, mil 645 niñas menores de 15 años fueron forzadas a asumir embarazos de alto riesgo y a ser madres.
Si bien ya se cuenta con un protocolo sanitario y los hospitales están obligados a garantizar la interrupción del embarazo de niñas víctimas de violación sexual, el Ministerio de Salud y SUSALUD están poco interesados en evitar daños a la salud y la vida de las niñas. Múltiples situaciones dan cuenta de esto:
- Cuando las niñas acuden a los hospitales, no se les informa que tienen derecho a solicitar una interrupción legal de un embarazo producto de una violación sexual aun cuando sí se les comunica que su vida y salud se encuentran en absoluto riesgo.
- Cuando tienen la suerte de presentar una solicitud de aborto terapéutico, esta no es atendida con celeridad.
- Y cuando su afectación a la salud es evaluada en una junta médica, la junta resuelve basándose en estereotipos de género y no en evidencia científica.
Imagen: El nuevo diario de Nicaragua
Negar un aborto terapéutico a una niña víctima de violación sexual es violencia, una violencia que no acaba en la violación, sino que se perpetúa en un sistema de salud indolente e inhumano.
L.C. luchó por más de nueve años para encontrar justicia, pero por una justicia que ya no era para ella, sino para las miles de niñas a las que el Estado les arrebata la vida. Por ellas.
